Polémica por el nuevo ordenamiento territorial de Salta: habilita el desmonte de 700 mil hectáreas

La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta aprobó el nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de bosques nativos (OTBN) salteño. Las actualizaciones son obligatorias por ley, pero los detalles de esta modificación despertaron fuertes críticas.

 Es que, de acuerdo con el mapa, se habilita el desmonte de 700.000 hectáreas. El fuerte reclamo de Greenpeace: “golpe devastador”.

Nuevo ordenamiento territorial de Salta y reclamos
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el jueves, en definitiva, el nuevo mapa de Ordenamiento Territorial local. Esto profundizó la ola de críticas por parte de sectores de la sociedad civil y de organizaciones ambientalistas, que ya habían reclamado ante la presentación del proyecto.

“Este mapa, que habilita el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques, contradice la Ley de Bosques y desconoce los reclamos de la sociedad civil, marcando un retroceso sin precedentes en la protección ambiental de la región”, cuestionaron desde Greenpeace Argentina.

“Vamos a denunciar en la Corte Suprema este ordenamiento regresivo, en el marco del amparo por el yaguareté. Más desmontes significan menos chances de subsistencia de los últimos yaguaretés de la región chaqueña”, apuntó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la ONG a nivel local.

Según argumentan, la aprobación de este ordenamiento profundiza la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, favoreciendo la impunidad de quienes destruyen el ambiente. 

A comienzos de este mes, activistas de Greenpeace protestaron frente al Palacio Legislativo luciendo los trajes característicos de los gauchos Infernales de Güemes.

“El ordenamiento aprobado legaliza desmontes donde antes estaban prohibidos y crea categorías transitorias no contempladas por la Ley 26.331, lo que en la práctica desdibuja cualquier límite real al desmonte”, agregó Cruz.

“Sin consulta”
Además, se cuestionó el hecho de que la propuesta se elaboró sin consulta previa a las comunidades originarias, vulnerando derechos fundamentales establecidos en normativas nacionales e internacionales.

“La falta de garantías para la protección de corredores biológicos entre comunidades, además, compromete aún más la subsistencia de los pueblos originarios y la fauna de la región, como el emblemático yaguareté”, argumentaron.

Fuente: noticiasambientales.com